Los piquetes han triunfado

En Argentina cortar una calle es algo correcto para el imaginario popular. Mientras tanto, autoridades administrativas y judiciales incumplen la ley y no garantizan el libre tránsito.

La enorme mayoría de la dirigencia política argentina le tiene pánico a los piquetes. La posibilidad de que su jurisdicción sea invadida por cortes callejeros o de rutas propias los aterra. Un hombre que supo gobernar un territorio inmenso y hoy está en el Congreso lo graficó de esta manera: “Prefiero que me tiren huevos en un acto, que me impugnen una licitación o que me volteen a un ministro antes que tener un piquete. Porque siempre, siempre, el piquete te genera insultos de los cortan y de los que no pueden pasar”.

Según la consultora Diagnóstico Político, Argentina padeció, números redondos, de 7.000 piquetes el año pasado. El ranking de los lugares más cortados lo encabeza la provincia de Buenos Aires con tres piquetes diarios, luego la Capital Federal con dos y en el podio, medalla de bronce, la provincia de Santa Fe con tres piquetes cada dos días. En todos los casos, la decisión política es, expresa o tácita, admitirlos. Fue Patricia Bullrich la que le dijo al aire a este cronista que el protocolo para evitarlos suponía una intimación de cinco minutos a los manifestantes y luego el desalojo, dentro de la ley, por la fuerza pública. El protocolo duerme el sueño de los justos. En la Capital Federal, el hoy jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta mandó a decir a su ministro de Seguridad y Justicia que el corte puede ser legal o ilegal dependiendo “de si fue avisado, del tamaño de la movida (sic), de la cantidad de gente y de muchos otros factores”. Ergo, se puede cortar lo que se quiera. Santa Fe, no escapa a esta posición. Los sucesivos gobiernos de Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz sostuvieron que el uso de la policía para garantizar el libre tránsito es “represivo”, entendiendo por tal, propio de las dictaduras.

Podría invocarse la ley y recordar que interrumpir una vía de tránsito nacional que implique el transporte público es un delito. O repasar la normativas locales que, de manera vidriosa, sancionan a los que cortan una calle. No tiene sentido. En éste, como en muchos aspectos, la ley no tiene sentido. No se aplica. No tiene vigencia. Vale más la fuerza de unos pocos que un articulado sancionado por un Congreso levantando la mano los representantes de todos.

Quienes trabajamos en los medios de comunicación también tenemos miedo de decirlo. Nos cuesta escribir o poner al aire nuestra voz diciendo que cortar una calle, como principio, es ilegal y no corresponde. No queda bien. Es poco “progre”. Es más sencillo aducir que el derecho a manifestarse es esencial para la democracia y que cualquier atisbo de orden es apología de Jorge Rafael Videla. No deja de ser preocupante que en un ámbito como el periodismo, donde la argumentación y la duda deberían ser la norma, el prejuicio y el dogma se hayan impuesto de semejante forma.

Las leyes, desde los romanos, son normas generales. Principios más o menos universales. Luego, claro, se prevén las excepciones. Con el tema de los piquetes se ha instalado que la norma es la excepción y que la regla general es un acto represivo. Notable enajenación social la nuestra para concebir esto sin ponernos colorados.

Los piquetes nacieron en Argentina el 20 de junio de 1996 en Cutral Có cuando 5.000 vecinos del lugar cortaron una ruta por seis días pidiendo por las fuentes de trabajo relacionadas con la industria petrolífiera y gasífera. Sin embargo, fue en los años 2000 y 2001 cuando se hicieron masivos. Néstor Kirchner asumió en 2003 en un país devastado económicamente y disgregado socialmente. Los piquetes fueron primero respetados porque la desesperación era patente y luego, en muchos casos, alentados por el propio gobierno de entonces para “tener ganada la calle” y evitar, con piqueteros amigos, que otros la ocuparan. Es más: muchos piquetes fueron alentados por el gobierno.

Veinte años de atropellar un principio lo hacen cenizas. Ya lo supieron, otra vez, los romanos, que describían a la costumbre repetida con convicción de que era ley como acción formal de derogación de la ley. Hoy hacer un piquete está bien en el imaginario popular. ¿Se discrimina si se es como el caso de Cutral Có o ante la desesperación de cientos de miles de familias sin trabajo, sin luz o en peligro de muerte? No. La excepción se hizo regla general.

La ciudad de Buenos Aires fue azotada esta semana que terminó por cortes de todo tipo. Desde organizaciones sociales que rechazan las políticas de Mauricio Macri hasta moteros (nunca llamarlos motoqueros porque sobreviene la ofensa) que se niegan a llevar un chaleco y un casco con su identificación de patente. “Eso es estigmatizante. No somos un número”, graficaron antes de interrumpir la 9 de julio, sin poder explicarles que el DNI, el pasaporte, la licencia de conducir, el carné de la obra social y más son un número que hay que exhibir muchas veces y que a nadie se le ocurre (todavía) rechazar eso por injuriante. Un piquete insólito, ilegal y que sólo admitía ser evitado.

Si se la CGT convoca a una movilización como la que vimos hace pocos días, si los maestros concentrarán a cientos de miles de adherentes el próximo miércoles, nadie puede sanamente pensar que eso debe ser desalojado por la fuerza. Allí sí radica el constitucional derecho a manifestarse, a peticionar y a ser oído. Pero si se hay tres piquetes diarios en el mismo lugar, cuesta creer que todos esos cortes sean medidas extraordinarias por hechos extraordinarios. Si eso pasa, es que la ley no funciona más y que los que tienen que aplicarla temen hacerlo.

Es por momentos patético ver el “yo señor, no señor” de jueces y fiscales que arguyen que son los miembros del Poder Ejecutivo los que deben actuar y el “usted señor, el gran bonete” de los administradores que dicen que los jueces son los que deben disponer. Magistrados, intendentes, gobernadores y ministros están aterrizados frente a un corte de calle. Aseguran que si intervienen con la policía para hacer cumplir la ley y hay un herido o, peor, un muerto, todo se termina. Pregunta: ¿no existe en nuestro país un cuerpo de elite que sea capaz de desactivar el corte de una vía central sin que corra sangre?

Podría invocarse lo que sucede en otras naciones (probemos mirar desde Cuba a Australia o desde Finlandia a Sudáfrica para saber qué pasa allí si se corta una calle). No tiene sentido. Porque el problema es de cultura bien nuestra. Se ha instalado la idea de que, como principio y norma general, yo tengo más derecho que la ley sancionada para todos. Hay una especie de momento plebiscitario individual que permite que con mi sola convicción yo ponga en suspenso el código penal. ¿Por qué? Porque me asiste el derecho a manifestarme (sic).

Si eso no es corregido por la ley, si eso no es defendido por las autoridades nacidas a la luz de esa misma ley, el problema es mucho más serio que una estadística o el derecho comparado. Sobre todo cuando la inmensa mayoría de los argentinos asegura en las encuestas que está en contra de los piquetes. Doble rareza final: la excepción es la regla general y la minoría impone sus deseos a todos. Cuentan, vale como ejemplo de esto, que Macri le pidió a su amigo Rodríguez Larreta que despeje algunas calles cortadas y que el hombre de la ciudad le respondió que no era Tu Sam para hipnotizarlos y quitarlos del lugar. Por ahí convendría empezar con aplicar la ley convencido de que es el principio general que nos rige para garantizarnos a todos, nuestros derechos.