La Corte de Justicia y la corte de Scioli

Las marchas en todo el país contra el 2×1 fueron un cachetazo no sólo para el máximo tribunal sino para todos los poderes constituidos. El derrape del ex candidato presidencial dispara una pregunta: ¿cuál es el límite en política?

 

La Corte Suprema de justicia tiene decidido cerrar el mes de mayo con una nueva postura en materia de la aplicación del 2×1 a delincuentes de lesa humanidad. Carlos Rosenkrantz se sentó, cara a cara, con Ricardo Lorenzetti y le dijo que estaba dispuesto a firmar con el presidente del cuerpo y con Juan Carlos Maqueda una postura contraria a la que pocos días antes había rubricado. El taparrabos jurídico nació del Congreso nacional que votó una ley muy vidriosa desde lo jurídico pero efectiva desde lo político.

Todos los diputados (menos el inclasificable salteño Alfredo Olmedo, el de la campera amarilla) y todos los senadores sancionaron una ley que aclara otra ley que está derogada. Probemos pensar esta idea otra vez: el Congreso sanciona una ley que modifica una ley que ya no existe. Raro. Los alumnos de las facultades de Derecho locales podrán ser de los privilegiados que le cuenten a sus colegas del planeta semejante invención argenta. Como si fuera poco, la misma ley que analiza una muerta quita garantías penales de forma retroactiva. Algunos aseguran que desde Ulpiano a esta parte, los amantes del sentido común en el derecho se retuercen en la tumba.

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Una suprema injusticia

El fallo inexplicable. La decisión de la Corte Suprema de aplicar el cómputo del 2×1 a un condenado por delitos de lesa humanidad concede un beneficio inaudito para casos inprescriptibles e inamnistiables.

Se suele afirmar con toda razón que los administradores del Poder Ejecutivo y los legisladores deben dar cuenta de sus actos y explicar sus errores u omisiones. La crisis del “que se vayan todos” puso foco en presidente y ministros y, especialmente, diputados y senadores. En una República, uno debería preguntarse además por los jueces. ¿Son pasibles de reclamo y enojo como el resto de los servidores públicos? ¿Por qué cuando se reclama por la impunidad, la falta de calidad institucional se relega la queja hacia los jueces?

Con contadas excepciones que tuvieron más que ver con caricaturas del disparate como las de Norberto Oyarbide, algunos investigadores de la corrupción lentos y encubridores como tortugas o magistrados indecentes que se han enriquecido de manera grosera en su función, la corporación judicial ha salido –y sale– indemne de los reclamos populares de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas de sus actos. Todavía hay jueces que creen que pueden hablar por sus sentencias o que pueden seguir escribiendo sus resoluciones para el laboratorio jurídico sin importar si los ciudadanos a los que sirven lo entienden. Peor: hay fiscales que representan a la sociedad en el proceso penal que piensan lo mismo. Un oxímoron irritante.

 

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Todos somos Matías Bagnato

01-05-2017  – La masacre de Flores. Sus padres y sus hermanos fueron asesinados. El hombre que los mató, que lo amenazó sistemáticamente por teléfono estos años, puede salir de la cárcel gracias al régimen de libertades anticipadas.

 

Matías es un chico encantador. Quizá no corresponda decirle chico porque es un hombre que ya pasó los 30. Sin embargo, cada vez que uno habla con él resplandece su costado juvenil. Su mirada, siempre lo pensé, guarda algo de un adolescente. Su presencia luce como la de un chico.

Es raro. Porque justo en esa etapa de su vida, a sus 17, se estrelló sin previo aviso con la adultez. Si es verdad que uno se “hace grande” cuando pierde a sus padres, Matías entró a la mayoría de edad un 17 de febrero de 1994 cuando Fructuoso Alvarez González cumplió la amenaza que venía profiriendo e incendió la casa en donde dormía este chico. Entre las llamas murieron el dueño de casa, José Bagnato, su mujer, Olga Plaza, los papás de Matías, y los hijos de ellos: Fernando de 14 años, Alejandro de 9 y un amiguito que se había quedado a dormir esa noche, Nicolás Borda, de 11 años. En un instante, Matías quedó sin padres ni hermanos.

Según el expediente y algunas constancias judiciales, el padre de Matías le debía unos 200 mil pesos al asesino. Como no se los pagaba le advirtió: “Voy a matar a toda tu familia. Les voy a prender fuego. A todos”. Pudo hacerlo, salvo con Matías que logró saltar por una ventana que daba a una especie de jardín cuando el humo lo ahogaba y tomó conciencia de que no podía salvar a nadie de su sangre.

El asesino fue capturado cuatro días más tarde y condenado a perpetua en noviembre de 1995. En 2004, merced al concepto de extrañamiento que supone que un extranjero que cumplió la mitad de la condena puede pedir ser enviado a su país de origen, fue extraditado a España para que completara la pena allí. En 2008 lo liberaron, pero este año se supo que había falseado datos para lograrlo y volvieron a ordenar su captura. Alguien se “equivocó” con el cálculo de los días de prisión. Desde entonces, sin solución de continuidad, el homicida amenazó telefónicamente a nuestro chico. “No te me vas a escapar. Te voy a matar”.

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Balcarce 50 en campaña

Tras la marcha de apoyo del 1º de abril, el gobierno vive un clima de euforia electoral. El rol de Macri en las estrategias electorales y el apoyo a Lilita Carrió.

 

En los pasillos de la Casa rosada el cambio de clima es evidente. La euforia se ha instalado desde hace 20 días. Para ser más precisos, desde la marcha del 1º de abril la administración Macri está presa de un envalentonamiento evidente. “Estamos en condiciones de ganar las elecciones”, le dice a este cronista un ministro con despacho muy cercano al presidente. “Si la macro economía llega a la gente en el día a día es indudable. Si no, también”, concluye terminante el hombre de poder.

Cambiemos ha decidido dos cosas para este 2017. Que la campaña es “ellos o nosotros” y que los actos proselitistas se van a pasar en “defender los valores del modelo” antes que a los candidatos. Traducido brutalmente: “Es Cristina o Macri, es el pasado o el futuro”, se anima uno de los secretarios del ministro consultado que no mide diplomacias ante un periodista. “Salvo”, agrega enseguida, “en el caso de Lilita”.

 

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La campaña

Estrategia. El presidente tomó partido en la puja interna por los sectores más duros del gobierno. La orden es confrontar con la oposición y activar medidas que favorezcan el consumo.

 

El gobierno nacional ha decidido dejar su papel de gestor de buenas ondas basado en la esperanza de un país mejor y se lanzó a la contienda electoral. Como se anticipó en esta misma columna, los dos sectores en pugna de Cambiemos plantearon su posición y el presidente, el martes pasado, tomó la decisión de apoyar a los más duros de su elenco y privilegiar la confrontación como estrategia con miras a las elecciones de octubre. “Los globos de colores sostenidos por chicos sonrientes se desinflaron de la mano de los que decimos que ganamos en octubre o estamos en problemas serios”, confió uno de los “halcones” del staff oficial.

 

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Los piquetes han triunfado

En Argentina cortar una calle es algo correcto para el imaginario popular. Mientras tanto, autoridades administrativas y judiciales incumplen la ley y no garantizan el libre tránsito.

La enorme mayoría de la dirigencia política argentina le tiene pánico a los piquetes. La posibilidad de que su jurisdicción sea invadida por cortes callejeros o de rutas propias los aterra. Un hombre que supo gobernar un territorio inmenso y hoy está en el Congreso lo graficó de esta manera: “Prefiero que me tiren huevos en un acto, que me impugnen una licitación o que me volteen a un ministro antes que tener un piquete. Porque siempre, siempre, el piquete te genera insultos de los cortan y de los que no pueden pasar”.

Según la consultora Diagnóstico Político, Argentina padeció, números redondos, de 7.000 piquetes el año pasado. El ranking de los lugares más cortados lo encabeza la provincia de Buenos Aires con tres piquetes diarios, luego la Capital Federal con dos y en el podio, medalla de bronce, la provincia de Santa Fe con tres piquetes cada dos días. En todos los casos, la decisión política es, expresa o tácita, admitirlos. Fue Patricia Bullrich la que le dijo al aire a este cronista que el protocolo para evitarlos suponía una intimación de cinco minutos a los manifestantes y luego el desalojo, dentro de la ley, por la fuerza pública. El protocolo duerme el sueño de los justos. En la Capital Federal, el hoy jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta mandó a decir a su ministro de Seguridad y Justicia que el corte puede ser legal o ilegal dependiendo “de si fue avisado, del tamaño de la movida (sic), de la cantidad de gente y de muchos otros factores”. Ergo, se puede cortar lo que se quiera. Santa Fe, no escapa a esta posición. Los sucesivos gobiernos de Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz sostuvieron que el uso de la policía para garantizar el libre tránsito es “represivo”, entendiendo por tal, propio de las dictaduras.

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La grieta vive

El gobierno atraviesa sus peores días y como estrategia para superarlo se plantea reflotar la dialéctica del blanco o negro, de esto o el pasado. O, en suma, de Macri o Cristina

s propios correligionarios de María Eugenia Vidal le imputan su primer gran error no forzado de proporciones aún inciertas: los docentes. Algunos dirigentes con acceso diario al despacho presidencial creen que la excesiva confianza de la mujer mejor posicionada en la credibilidad pública le causó un daño significativo al gobierno de Mauricio Macri. Esto, en la “quincena horribilis” que atraviesa la gestión (Correo, Avianca, pobreza), preocupa y mucho. Haber “comprado” una crisis con los maestros es mucho más que millones de chicos sin clases. Ya se sabe que el escenario público ganado por los líderes de ese sector es un dolor de cabeza seguro.

 

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La educación no le importa a nadie

Pésima señal. Es un estrepitoso fracaso de la política que mañana no se inicie el ciclo lectivo. Un debate atravesado por los magros sueldos de los docentes, la falta de respuestas del gobierno y las especulaciones electorales.
 

El no comienzo de clases en todo el país que se registrará mañana es la muestra del más estrepitoso fracaso de la política en estos casi 35 años de democracia argentina. No se trata de una huelga más, ni de un reclamo salarial justificado ni de un modo de encarar el sistema de enseñanza. Es corroborar, una vez más, que la política nacional no tiene empacho en usar la educación como herramienta electoral o de “chiquitaje” partidario.

Un maestro gana en Argentina, en promedio, 65 pesos la hora. Si se excluyen los extremos de sueldos altos de la Patagonia, ésa es la cifra. Inmediatamente se cuestionará el dato de un lado y del otro: los paleozoicos que dirán que un maestro trabaja 4 horas por días y tiene tres meses de vacaciones (si hasta da vergüenza escribirlo) y los dogmáticos que no quieren soportar una autocrítica y una revisión de la tarea docente que verán demasiado abultada esta cifra. Cerremos este debate diciendo que en la provincia más rica de nuestro país, Buenos Aires, un maestro gana 9.000 pesos de salario inicial. Las divisiones por horas no se discuten desde Pitágoras.

 

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El infierno es siempre ajeno

A partir de marzo el gobierno se enfrentará con un complicado panorama laboral, aunque asegura que los números de la economía comenzarán a mejorar. Macri mantiene firme el rumbo.

 

El presidente miró fijo a su interlocutor, tomó un largo sorbo de agua y lo dijo casi silabeando: “Massa es lo mismo. Fue el ministro coordinador de Cristina. Cuando estuvo en el Ansés no corrigió lo que ahora reclama. Es funcional, sino igual, a los K”. El hombre que lo escuchaba, un viejo empresario que supo tratar mucho en el pasado a quien hoy es el titular del Poder Ejecutivo, dio un paso más: “¿Vos creés que te quieren voltear?”, preguntó. Macri estaba dispuesto a responder cuando su jefe de Gabinete, otro de los dos funcionarios que acompañaban al presidente en la reunión en la residencia de Olivos, se le adelantó: “Nosotros, si algo tenemos, es experiencia para las crisis. Estamos tranquilos. Vamos bien”, dijo Marcos Peña.

Mauricio Macri, dicen los que lo frecuentan a diario, está molesto. Ni nervioso, ni deprimido: molesto. Lo irrita que le digan que es un gobierno de CEO’s y de pasantes y sostiene que no hay demasiado margen de maniobra para gobernar la Argentina que define como quebrada. “Somos especiales los argentinos. Queremos que el Estado no despilfarre pero pedimos aumento del gasto público sin control. Queremos que se cumpla la ley pero ante el menor inconveniente buscamos como saltar el cerco de la norma”, le confesó el presidente a su viejo amigo empresario. “Es esto o Venezuela. Es esto o que vuelva el kirchnerismo”, agregó en la misma charla sostenida unas horas antes de que el mandatario viajase a España.

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Si pasa, pasa

El gobierno volvió a exhibir un peligroso ir y venir en sus decisiones. ¿Son torpezas o son acciones que se revisten de error al ser descubiertas? La detención de Milani y los derechos humanos.

 

El gobierno se debate hoy qué estrategia encarar con vistas a las elecciones de octubre. El sector más ortodoxo, cuya bandera sostiene Jaime Durán Barba, cree que el lema electoral debe ser “somos nosotros o vuelve el kirchnerismo”. Los menos radicalizados se inclinan por una opción que no deje de lado el recuerdo de la herencia del gobierno que se fue pero que el corazón de lo que se diga tiene que ser los logros de la gestión que se inició en diciembre de 2015.

Cuando se estaba debatiendo esto entre los que de verdad se sientan a la mesa del presidente para perfilar decisiones, dos hechos de resonancia escandalosa en la palestra pública estallaron: la deuda del correo de Franco Macri y el recálculo (sic) del haber de la jubilación mínima. La administración de Cambiemos volvió a exhibir, otra vez, un peligroso ir y venir en su posición. Por lo del Correo, primero acusó a la fiscal que se opuso al acuerdo de ser K, de no entender de derecho y pergeñó conspiraciones diversas. Por lo de los haberes de jubilaciones, volvió a ver la mano de Cristina y sus seguidores y llegó a decir, en boca del vicejefe de Gabinete, que no los iban a correr por 20 o 30 pesos. Lo llamativo fue que en la conferencia de prensa de Mauricio Macri (buena decisión del equipo de someterlo a un verdadero preguntar y responder) dio marcha atrás concediendo implícitamente la razón a la fiscal Gabriela Boquín y a los opositores que bramaron por el recorte a los jubilados. Si se vuelve a foja cero, entonces ¿es que no tenían razón los oficialistas de enojarse como lo hicieron?

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