LNSolo en un país enajenado por la agobiante realidad (40 mil muertos de COVID-19, inflación que crece, pobreza del 50%, inseguridad irresuelta y más) puede pasar de largo el gravísimo desafío al sistema republicano votado en 1853 lanzado por la Vicepresidenta de la Nación, al que se le suma la denuncia pública de presuntos delitos que ella dice conocer sin que un fiscal la cite a declarar.
Por lo primero, la furia e ira de la última carta de la doctora Cristina Kirchner se cristaliza en una inesperada (en ella) invocación a la tribuna popular para agitar el enojo contra la Corte recurriendo a falacias pueriles como la elección de los jueces o la inamovilidad de ellos. Por citar el modo en que su compañero de fórmula utilizó contra el presidente de la Corte, cualquier alumno de primer año de la facultad de derecho que haya leído el manual (ni siquiera el tratado) de derecho constitucional, sabe que los jueces no se eligen con el voto popular -salvo algunas experiencias fallidas como la de Bolivia- para no someter a los controladores de la legalidad al chiquitaje político.
“Es un disparate pensar en la elección de jueces por votación. La elección de magistrados por voto popular daría lugar a una demagogia vindicativa y a una corrupción terrible”. El textual es de Raúl Eugenio Zaffaroni que, de paso, se cansó de repetirlo. Imaginamos que la vice no tildará de macrista tributario del lawfare al ex juez que deseó, entre otras cosas, que Macri se fuera cuanto antes del poder a pesar de su legítimo derecho a estar cuatro años. Las democracias saludables (y Argentina se pensó así en el siglo XIX) proponen que en una de las cámaras legislativas se deban conseguir dos terceras partes de los votos para seleccionar jueces para obligar así a consensos de todos los partidos. La idea de la Doctora es pura venganza personal contra los magistrados que fallan en contra de sus intereses o de los propios como Amado Boudou.
El otro infantil y superficial enojo porque los jueces son vitalicios atropella ideas que vienen desde los romanos. Es verdad que la ex presidenta se siente con autoridad para desafiar la historia, pero la idea de sostener un contrapeso durante el paso del tiempo no es privilegio corporativo sino apenas deseo de que los mismos que hoy juzgan a unos, mañana lo hagan con los opuestos. Y así. ¿Merece el sistema judicial una reforma? Claro que sí. Pero el enojo de la señora Kirchner no es contra lo que está mal en ese estamento del poder sino apenas lo que de allí emana en su contra.
La epístola a sus fieles K es una diatriba contra el sistema republicano. A ella no le “cierra” (por ser sutiles) este sistema que anda reclamando que se controle lo que hacen los funcionarios ejecutivos. Es grave y termina con las especulaciones de cuál es el modelo de Cristina. Aquí está.
Como si fuera poco, el ataque institucional de ella no es solo académico sino que toma nombres y apellidos concretos en su mira reformista. No hay recuerdo de que un funcionario de la envergadura de un vicepresidente acuse a todos y cada uno de los ministros de la Corte Suprema como ella lo hace. De paso: ¿no es intromisión de poderes que alguien a cargo de un órgano extra poder ejecutivo con sede en el legislativo denueste al judicial? El Presidente hizo suya la misiva cristinista: ¿acuerda con esta intromisión?
Dos achaques son groseros. Al doctor Lorenzetti, Cristina le endilga desde fotos con magistrados extranjeros que, para ella, tipifican con un clic de cámara en delito de encono al progresismo, hasta órdenes para obligar a jueces inferiores a fallar contra la ley. Jurídicamente, la Vicepresidenta sostiene que ese magistrado cometió prevaricato, liso y llano. “En una reunión de jueces federales de Comodoro Py, (Lorenzetti) les aseguró que todas las instancias superiores les iban a confirmar y convalidar todas las decisiones de primera instancia que dictaran contra los dirigentes y ex funcionarios kirchneristas. Lawfare al palo”, tipea con furia la doctora. Ahora bien: ¿algún fiscal de turno no creyó imprescindible citar a una funcionaria calificada que denuncia que un juez cometió prevaricato? Conocer un presunto delito y ser funcionario, ¿no es acaso otro delito? Nada.
El otro mazazo es a los ministros designados durante el macrismo a los que tacha de ilegítimos por haber sido propuestos por decreto. Es cierto que el papelón del entonces asesor Fabián “Pepín” Rodríguez Simón de proponerlos por decreto fue un atropello jurídico rubricado por Macri. Pero omite la Doctora recordar que Rosatti y Rosenkrantz fueron luego ratificados por el senado con casi 60 votos afirmativos, la mitad del partido de ella. Pichetto, Abal Medina, Zamora, Mayans, Leguizamón, Perotti, Alperovich y otros íntimos de ella levantaron la mano sin dudarlo. ¿Y entonces?
Leer la carta de Cristina como un mero panfleto político es un error o, directamente, un engaño atenuador de la gravedad. La Vicepresidenta acaba de lanzar un juicio político contra la Corte, sumarísimo y virtual, que hasta ahora ha sido repelido en sus formas por el jefe de Gabinete de un Presidente que recibió el presente griego a un año de su gestión. Hasta el simbolismo de la fecha habla de la tenaz molestia de la mentora de Alberto Fernández.
Para hacerlo, recurre a la descripción de delitos de los jueces que exacerben a sus fanáticos y nublen de argumentos a los que se quejan, con razón, de “lo mal que anda la justicia”. Muy peligroso. Ella cava la grieta del “estás conmigo y contra los monarcas de las togas o estás en mi contra y a favor de la corpo judicial”. No da, Doctora. Se nota que el fallo de Boudou, del arrepentido, de las causas de corrupción que prosiguen y otras sentencias la perturban y provocan cartas indignas de su cargo y de su don de estratega política para transformarla en una encolerizada reclamante de que las cosas sean como ella quiere, antes que como son. Y en el fondo, mostrar qué modelo quiere en serio. No da.
